El 49,38% de parados catalanes tiene un grado de ocupabilidad -capacidad para encontrar un nuevo trabajo-bajo o muy bajo. El porcentaje es superior a la media española (38,84%) y a la de comunidades como Madrid (22,11%). La estadística demuestra, por lo tanto, que los desocupados catalanes tendrán más problemas para abandonar las listas del paro del Inem (OTG en el caso de Catalunya).
La profesora de derecho laboral de Esade, Esther Sánchez, dijo ayer que la baja ocupabilidad está relacionada con la deficiente formación recibida tanto por los parados como por los empleados en activo. "La ocupabilidad es el gran agujero negro del mercado laboral porque el gran reto es conseguir que los parados puedan ocuparse", añade. Ese índice se construye en base al tiempo que un parado lleva buscando trabajo, la disponibilidad a cambiar de residencia por un empleo, la edad y, sobre todo, la formación.
Y es que mucho de los nuevos desempleados que llegan a las oficinas del Inem son personas con baja formación y que, por lo tanto, son difíciles de recolocar.
El hecho de que en Catalunya el grado de ocupabilidad sea más bajo que en otras zonas se puede explicar por muchas razones, una de las cuales, el elevado contingente migratorio recibido en los últimos años.
Más allá de la ocupabilidad, el otro grave problema de futuro del mercado laboral es el creciente número de personas que agotan sus prestaciones por desempleo. Según los datos publicados ayer y que corresponden al mes de enero, 26 de cada 100 personas apuntadas al Inem no ingresan ni un euro en concepto de prestaciones contributivas o no contributivas. Traducido en número significa que más de 891.000 personas no cobran nada.
Existe otro colectivo de 1,6 millones que reciben de media unos 833 euros al mes y otros 833.722 personas ingresan unos 422 euros al mes en concepto de prestación no contributiva.
Sólo en el mes de enero, los parados sin ingresos aumentaron en en más de 81.000. Algunos estudios afirman que la cifra pude superar los 1,1 millones en junio. Esther Sánchez avisa que "las Administraciones públicas deben actuar sobre ese numeroso grupo de personas que se quedarán sin prestaciones en los próximos meses".
Además del grave problema para los afectados la otra consecuencia es que los que pierden la prestación tienen capacidad cero para consumir o pagar sus deudas, lo que realimenta la actual situación de crisis. El profesor del Iese Antonio Argandoña, afirma que "detrás de cada despido se crean las condiciones para el despido siguiente".
En este sentido Argandoña recuerda que el paro genera tres efectos que provocan el recrudecimiento de la crisis: la pérdida de capacidad productiva lo que se refleja en el PIB, el menor consumo por parte del parado y la merma de ingresos del Estado pues el desempleado no paga impuestos. En el caso español, la velocidad de la destrucción de empleo es tan alta que acaba intensificando la crisis.
Sobre el momento en el que el mercado laboral pueda dar signos de recuperación, los expertos no se atreven a dar una fecha. Argandoña asegura que "todavía estamos en la fase de contagio".
Un contagio que están notando de forma especial el colectivo de hombres, que es el que ha sufrido un mayor aumento en el número de desempleados. En febrero pasado había un 81% más de parados hombres que un año antes mientras que el alza en las mujeres era de sólo el 28%. Esther Sánchez asegura que ese mayor efecto sobre los hombres demuestra que la crisis afecta ya de pleno a la industria.
Fuente: La Vanguardia
Y es que mucho de los nuevos desempleados que llegan a las oficinas del Inem son personas con baja formación y que, por lo tanto, son difíciles de recolocar.
El hecho de que en Catalunya el grado de ocupabilidad sea más bajo que en otras zonas se puede explicar por muchas razones, una de las cuales, el elevado contingente migratorio recibido en los últimos años.
Más allá de la ocupabilidad, el otro grave problema de futuro del mercado laboral es el creciente número de personas que agotan sus prestaciones por desempleo. Según los datos publicados ayer y que corresponden al mes de enero, 26 de cada 100 personas apuntadas al Inem no ingresan ni un euro en concepto de prestaciones contributivas o no contributivas. Traducido en número significa que más de 891.000 personas no cobran nada.
Existe otro colectivo de 1,6 millones que reciben de media unos 833 euros al mes y otros 833.722 personas ingresan unos 422 euros al mes en concepto de prestación no contributiva.
Sólo en el mes de enero, los parados sin ingresos aumentaron en en más de 81.000. Algunos estudios afirman que la cifra pude superar los 1,1 millones en junio. Esther Sánchez avisa que "las Administraciones públicas deben actuar sobre ese numeroso grupo de personas que se quedarán sin prestaciones en los próximos meses".
Además del grave problema para los afectados la otra consecuencia es que los que pierden la prestación tienen capacidad cero para consumir o pagar sus deudas, lo que realimenta la actual situación de crisis. El profesor del Iese Antonio Argandoña, afirma que "detrás de cada despido se crean las condiciones para el despido siguiente".
En este sentido Argandoña recuerda que el paro genera tres efectos que provocan el recrudecimiento de la crisis: la pérdida de capacidad productiva lo que se refleja en el PIB, el menor consumo por parte del parado y la merma de ingresos del Estado pues el desempleado no paga impuestos. En el caso español, la velocidad de la destrucción de empleo es tan alta que acaba intensificando la crisis.
Sobre el momento en el que el mercado laboral pueda dar signos de recuperación, los expertos no se atreven a dar una fecha. Argandoña asegura que "todavía estamos en la fase de contagio".
Un contagio que están notando de forma especial el colectivo de hombres, que es el que ha sufrido un mayor aumento en el número de desempleados. En febrero pasado había un 81% más de parados hombres que un año antes mientras que el alza en las mujeres era de sólo el 28%. Esther Sánchez asegura que ese mayor efecto sobre los hombres demuestra que la crisis afecta ya de pleno a la industria.
Fuente: La Vanguardia
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