LA HUELGA DE ESTUDIANTES CONTRA BOLONIA

En este caso la huelga que se plantea por los estudiantes contra Bolonia es una huelga extralaboral o política. Este tipo de huelga se sitúa dentro de la legalidad pues se encuentra regularmente elencada en el Art. 11.a) del R.D.L.R.T. y reafirmada su constitucionalidad en la sentencia de 8 de abril de 1981 señalando que "no nos encontramos ante el fenómeno de huelga protegido por el Art. 28 de la CE cuando se producen perturbaciones, [...] con el fin de presionar sobre la administración Publica o sobre los órganos del Estado.
La huelga política tiene dos perspectivas: desde el punto de vista subjetivo o en función del sujeto pasivo: dirigida a presionar a los poderes públicos (ejecutivo y legislativo) y desde el punto de vista objetivo o en función de la finalidad de la huelga: intereses políticos de los huelguistas y socio-profesionales .Efectivamente en este caso los huelguistas (la comunidad educativa) persiguen un interés político muy claro: interrumpir la reforma universitaria y para ello se encargan de presionar a los poderes públicos: tanto al gobierno, como al legislador encargado de la reforma.
En cualquier caso la jurisprudencia ha venido afirmando que la legalidad o ilegalidad de la huelga política depende de su objeto, considerando ilegales las huelgas puramente políticas, ajenas a cualquier interés de los trabajadores.

A pesar de que la huelga política es una huelga totalmente amparada por nuestro ordenamiento, el gran problema de la huelga de estudiantes nos lo encontramos con los sujetos activos de esta huelga. Los estudiantes son sujetos excluidos del derecho a la huelga y además ni ellos ni un sindicato de estudiantes tiene la capacidad de convocar o declarar una huelga ya que esa competencia se reserva a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores.